Las instituciones defensivas del Estado Español, creadas al amparo de la Constitución para que los mejores sean los elegidos para gobernar y para defendernos de miserables, corruptos y canallas que pudieran controlar el poder en nuestra nación, han fracasado porque se ha mostrado incapaces de impedir que un gobierno como el de Pedro Sánchez, altamente dañino para España, conduzca al país, sin obstáculos, hacia la la pobreza y la destrucción.
Por fortuna, el gobierno de Pedro Sánchez no ha exhibido un rostro claro de criminal, pero sí ha protagonizado, con impunidad y contra España y sus ciudadanos, decisiones y actuaciones que representan daños tan terribles como muertes por negligencia, avances hacia la pobreza, pérdida de grandes contratos de valor económico incalculable y muchos perjuicios de gran calado para la economía, la salud y la convivencia.
Toda una bateria de daños y perjuicios ha sido perpetrada con absoluta impunidad por el gobierno contra España y sus ciudadanos, causante de dramas que sufrirán varias generaciones de españoles, sin que ni el Monarca, que es jefe del Estado, ni las Cortes, convertidas por los partidos políticos en una exhibición de esclavos sin capacidad de debate, ni la Justicia hayan sido capaces de frenar el desastre de un gobierno que conduce a la nación impunemente hacia la pobreza, el deterioro de la convivencia, la injusticia y el enfrentamiento.
Los ciudadanos, desesperados ante la pésima gestión de la pandemia, que ha hecho de España uno de los países más infectados y con más muertos de todo el mundo, se han cansado de mirar hacia las alturas del poder establecido en espera de intervenciones salvadoras, dimisiones y castigos de los pésimos gobernantes, que campean a sus anchas como dueños absolutos de un Estado del que los ciudadanos han sido expulsados.
El gobierno miente y no ocurre nada. Las encuestas se trucan y nadie lo impide. Muchos españoles hasta sospechan de fraude electoral y nada ocurre. El gobierno se equivoca y no ocurre nada, ni siquiera cuando miles de ancianos han muerto abandonados en las residencias de mayores, sin recibir el trato médico a que tenían derecho, y cuando miles de sanitarios han sido enviados a luchar contra el virus sin la mínima protección, causándoles el mayor índice mundial de contagios y muertes por el coronavirus.
Una parte importante del pueblo, confinado forzosamente en sus hogares, ha tenido suficiente tiempo para reflexionar y ha llegado a la conclusión de que la ciudadanía es impotente frente al mal, cuando el mal se apodera del Estado. Como consecuencia, ha adquirido una fuerte sensación de frustración y se subleva ante la impunidad de la clase política, tan privilegiada y blindada que jamás paga por sus errores y por los daños que causa.
Lo que está ocurriendo en España no es común en el resto del mundo, donde los políticos pagan por sus abusos y errores y dimiten cuando se equivocan o causan daño. La burda e insultante impunidad de los políticos y la indefensión frente a dirigentes inicuos son problemas genuinos de España, donde la clase política ha perdido el miedo al pueblo y a las leyes.
Los periodistas están comprados, los medios esconden la verdad y defienden al gobierno que les paga, la Justicia está politizada, la Fiscalía está en manos del partido en el poder y el Parlamento, que las democracias conciben como el templo para el debate y el análisis, ha sido degradado hasta convertirse en un establo donde un gran rebaño castrado dice y aprueba sólo lo que sus respectivos partidos quieren, mientras disfrutan de buen sueldo y de una cosecha enorme de privilegios y ventajas.
Lo más grave en la España actual es que la gente, con razón, se siente impotente y desamparada ante el poder y tiene la sensación de que nunca podría librarse de un criminal, si éste llegara un día a encaramarse en la cima y tomara en sus manos el timón de nuestra nación.
La situación de impunidad de los que mandan y de desamparo de los que obedecen es tan injusta y profunda que genera inestabilidad y desobediencia civil, lo que pide a gritos una reforma constitucional que redefina y enderece un Estado que hoy está en crisis, desvalido y al alcance de cualquier canalla con suficiente osadía para tomarlo por asalto y encastillarse en la cima.
La verdad es dura y evidente: En la España actual, la soberanía popular no existe y ni el rey, ni las Fuerzas Armadas, ni la justicia, ni la prensa, ni la oposición, ni el pueblo tienen suficiente fuerza para expulsar del poder, si fuera necesario, a un monstruo desatado.
Francisco Rubiales
Los ciudadanos, desesperados ante la pésima gestión de la pandemia, que ha hecho de España uno de los países más infectados y con más muertos de todo el mundo, se han cansado de mirar hacia las alturas del poder establecido en espera de intervenciones salvadoras, dimisiones y castigos de los pésimos gobernantes, que campean a sus anchas como dueños absolutos de un Estado del que los ciudadanos han sido expulsados.
El gobierno miente y no ocurre nada. Las encuestas se trucan y nadie lo impide. Muchos españoles hasta sospechan de fraude electoral y nada ocurre. El gobierno se equivoca y no ocurre nada, ni siquiera cuando miles de ancianos han muerto abandonados en las residencias de mayores, sin recibir el trato médico a que tenían derecho, y cuando miles de sanitarios han sido enviados a luchar contra el virus sin la mínima protección, causándoles el mayor índice mundial de contagios y muertes por el coronavirus.
Una parte importante del pueblo, confinado forzosamente en sus hogares, ha tenido suficiente tiempo para reflexionar y ha llegado a la conclusión de que la ciudadanía es impotente frente al mal, cuando el mal se apodera del Estado. Como consecuencia, ha adquirido una fuerte sensación de frustración y se subleva ante la impunidad de la clase política, tan privilegiada y blindada que jamás paga por sus errores y por los daños que causa.
Lo que está ocurriendo en España no es común en el resto del mundo, donde los políticos pagan por sus abusos y errores y dimiten cuando se equivocan o causan daño. La burda e insultante impunidad de los políticos y la indefensión frente a dirigentes inicuos son problemas genuinos de España, donde la clase política ha perdido el miedo al pueblo y a las leyes.
Los periodistas están comprados, los medios esconden la verdad y defienden al gobierno que les paga, la Justicia está politizada, la Fiscalía está en manos del partido en el poder y el Parlamento, que las democracias conciben como el templo para el debate y el análisis, ha sido degradado hasta convertirse en un establo donde un gran rebaño castrado dice y aprueba sólo lo que sus respectivos partidos quieren, mientras disfrutan de buen sueldo y de una cosecha enorme de privilegios y ventajas.
Lo más grave en la España actual es que la gente, con razón, se siente impotente y desamparada ante el poder y tiene la sensación de que nunca podría librarse de un criminal, si éste llegara un día a encaramarse en la cima y tomara en sus manos el timón de nuestra nación.
La situación de impunidad de los que mandan y de desamparo de los que obedecen es tan injusta y profunda que genera inestabilidad y desobediencia civil, lo que pide a gritos una reforma constitucional que redefina y enderece un Estado que hoy está en crisis, desvalido y al alcance de cualquier canalla con suficiente osadía para tomarlo por asalto y encastillarse en la cima.
La verdad es dura y evidente: En la España actual, la soberanía popular no existe y ni el rey, ni las Fuerzas Armadas, ni la justicia, ni la prensa, ni la oposición, ni el pueblo tienen suficiente fuerza para expulsar del poder, si fuera necesario, a un monstruo desatado.
Francisco Rubiales
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