Al régimen del Generalísimo Franco se le atribuyen todo tipo de maldades, como la implantación de la energía nuclear a España, la construcción de pantanos, la emigración poco menos que forzosa de millones de andaluces y castellanos a Madrid, Cataluña y Vascongadas, la repoblación forestal con especies no autóctonas… La última, y más estremecedora, es la elaboración por parte del Estado, desde funcionarios a monjas, de una trama dedicada al «robo de bebés», primero a madres de izquierdas y luego a pobres, para entregarlos a familias de orden o adictas, fuera para erradicar las semillas de los «rojos» o para hacer negocio.
Se trata de una mentira del mismo calibre que la afirmación de que Su Excelencia cambió la hora oficial española para adecuarla a la vigente en Alemania y así halagar a Adolf Hitler. En realidad, el cambio —mantenido, por cierto, por todos los Gobiernos desde 1976— se produjo para seguir la hora oficial francesa en horarios de barco y ferrocarril.
La «trama para el robo de bebés» es legitimada en el auto del exjuez Baltasar Garzón de 2008 que pretendió comenzar una «causa general» contra el franquismo. Pretendía encontrar un supuesto delito no cubierto por la Ley de Amnistía para procesar a funcionarios y exministros supervivientes y copia el modelo argentino. Para elaborar su auto, el exjuez no contó con ningún historiador o experto que contradijese el «relato» elaborado por el catedrático antifranquista Ricard Vinyes. Sus consecuencias son un derroche de recursos públicos, alarma social entre los ciudadanos y vergüenza internacional de España.
Las asociaciones montadas en torno a la trama en seguida se integraron en el movimiento de la «memoria histórica». Se dijo que el número de bebés robados podría alcanzar los 300.000, igual que se podía haber calculado en un millón. La campaña forzó al Gobierno a dedicar recursos públicos a la investigación judicial en 2012 y años siguientes y los datos hablan por sí solos. En diez años, sólo se han presentado poco más de 2.000 denuncias. En la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2013, el fiscal general, Eduardo Torres Dulce, expuso la labor de su departamento, del fiscal delegado nombrado por él y de las fiscalías provinciales en la investigación de las denuncias de «niños robados». Una de sus conclusiones fue la inexistencia “de una trama organizada de alcance nacional que tuviera por objeto la sustracción y venta de bebés”. En 2013, el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón instituyó una «oficina de atención a los afectados por casos de bebés robados», para que los interesados aportasen datos sobre el familiar que están buscando y sus perfiles genéticos. En su primer año de funcionamiento, a pesar de la supuesta demanda social, sólo recibieron 200 perfiles, tal como explicó su directora, Carmen de Troya; cinco años después, los perfiles genéticos sólo eran 563 y sin ninguna coincidencia entre ellos.
Los investigadores, como el doctor Antonio Alonso, han confirmado que más del 90% de los niños identificados que han analizado habían muerto, tal como se había comunicado a sus padres años atrás, al producirse el parto. En el único caso en que una sentencia judicial admitió que existía una «niña robada» (Audiencia Provincial de Madrid, 640/2018), a los pocos meses la interesada, Inés Madrigal, desveló que nadie la había robado, sino que su madre biológica la había entregado en adopción. Después de varios años de histerismo creado por los medios de comunicación, en especial El País, y los partidos políticos de izquierdas, después de que las autoridades judiciales y forenses hayan investigado en archivos civiles y eclesiásticos, después de excavar en cementerios, después de realizar análisis de ADN, los españoles deberíamos olvidar con asco este cuento de horror. Lamentablemente, varios Parlamentos regionales (Canarias, Navarra, Andalucía) han aprobado leyes autonómicas que reconocen la existencia de los niños robados y hasta los convierten a ellos y a sus madres en víctimas del franquismo. ¡Y luego nos asombramos de cómo en los siglos XVI y XVII se vivió el histerismo de la caza de brujas!
Sin embargo, mucha gente se sigue creyendo la mentira de las tramas de «niños robados», debido al activismo desaforado de los miembros de estas asociaciones, apoyada por determinados partidos políticos. Su último acto ha consistido en obtener una audiencia con Su Santidad Francisco I en agosto pasado. Seguramente el Papa, mal informado por su equipo, desconoce que en España no se ha descubierto ninguna red de robos de niños ni que en ella participaran sacerdotes y monjas. Si las más altas jerarquías eclesiásticas aceptaran semejante «fake news» por presión de los medios de comunicación progresistas y por el antifranquismo al que se han apuntado, podría acabar cayendo sobre la Iglesia y los católicos una nueva difamación, como la del reparto de caramelos envenenados y la colaboración con los nazis en el exterminio de judíos. Las mentiras hay que aplastarlas antes de que corran solas.
Tomás Pastor
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