El exministro del Interior Rodolfo Martín Villa declara hoy 3 de septiembre ante la jueza argentina María Servini de Cubría, que investiga lo que ella denomina “crímenes de la dictadura franquista española”. Según resalta el exministro, en más de seis ocasiones ha solicitado declarar ante esta jueza desde que esta le imputara en octubre de 2014, pero, al parecer, no ha sido posible hasta ahora. Incluso, añade Villa, en diciembre de 2019 llegó a sacar unos billetes de avión para viajar a Argentina y comparecer en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires.
A través de un comunicado remitido a la Agencia Efe, Martín Villa deja claro que responderá a las acusaciones por "diversas muertes causadas por disparos de policías, guardias civiles y ultraderechistas en la Transición, entre 1976 y 1978".
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El Gobierno Vasco y formaciones proetarras alentaron la denuncia de la... La Tribuna del País Vasco | El gran periódico digital del País Vasco 5/9/20 10:35
Desde que fue imputado, el exministro se ha negado a ampararse en la Ley de Amnistía y en la prescripción de los delitos, ocurridos hace más de 40 años, a la vez que ha rechazado acogerse a las negativas de jueces españoles, la última la de la Audiencia en octubre de 2018, a las comisiones rogatorias de la juez argentina para interrogarle en España.
La denominada "querella argentina" atribuye a Martín Villa “delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad” por las cinco muertes en un desalojo policial en Vitoria el 3 de marzo de 1976. También le imputa seis muertes ocurridas en 1976 y 1977, durante su mandato como ministro del Interior, y de una ocurrida en Pamplona en las !estas de San Fermín de 1978, cuando España llevaba un año de democracia, recuerda su defensa.
El exministro del Interior con los Gobiernos de Adolfo Suárez ha manifestado en diversos escritos al juzgado argentino que la Transición española fue "lo contrario a un genocidio, porque hubo un proceso de reconciliación entre los españoles, y España, por primera vez en muchas décadas, dejó de tener presos políticos en las cárceles y exiliados en el mundo". "Algo tuve que ver con todo esto como persona que compartió con muchos otros - correligionarios y adversarios políticos- la suerte, y el riesgo, de trabajar a favor de la Transición y de la Constitución de 1978", señala el exministro.
Nacionalistas vascos y proetarras, detrás de la querella
Detrás de la investigación abierta por la jueza comunista argentina María Servini se encuentra un largo trabajo de apoyo e incitación a la denuncia impulsado por el Gobierno Vasco (PNV) y diferentes organizaciones proetarras.
Todo empezó en mayo de 2014, cuando el entonces secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, se puso en contacto con esta magistrada para ponerse a su disposición en la “investigación sobre los
crímenes del franquismo” y para prestarse a facilitar su tarea, “ya fuera a través de apoyo logístico o de otro tipo”.
De hecho, Servini realizó entonces una visita de varios días al País Vasco, donde contó con la colaboración del Ejecutivo del PNV y de la Diputación Foral de Guipúzcoa, en aquel tiempo en manos de la formación proetarra Bildu, y donde, además, mantuvo una reunión con la presidenta del Parlamento autonómico, Bakartxo Tejería. También fue llevada a visitar la Casa de Juntas y el Árbol de Guernica.
En aquel momento, el Gobierno de Iñigo Urkullu recibió con agrado la visita porque, según explicó, valora “el esfuerzo y las pesquisas de la jueza argentina”.
Por su parte, el en aquel tiempo alcalde de San Sebastián, el independentista y proetarra Juan Karlos Izagirre (Bildu), también ofreció a la magistrada su colaboración en la denominada “causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”. Ambos dieron una rueda de prensa conjunta en el Ayuntamiento de la capital donostiarra.
Seis meses después de esta visita al País Vasco, donde durante tres días fue agasajada por nacionalistas, independentistas y !loetarras, María Servini perpetró una resolución en la que ordenaba la detención preventiva, con !nes a su extradición para tomar declaración indagatoria, de Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, y de otros políticos del regimen de Franco, así como ex miembros de las Fuerzas Armadas y antiguos jueces.
Concretamente, entre los políticos se encontraban los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último Gobierno de Franco), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció en 2014.
La jueza, conocida por sus marcadas posiciones kirchneristas y boliviarianas, acusaba a Utrera Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su !rma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.
Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusaba de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen de Franco el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en los que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.
Contra Sánchez Ventura se dirige por haber !rmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen, al igual que contra Fernando Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.
Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas y auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército.
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