El catedrático sostiene y defiende, apoyándose en la historia comparada, la extraordinaria paciencia de las derechas españolas ante el proceso revolucionario que se les venía encima durante la parte final de II República, a partir de diciembre de 1935
Luis E. Togores
El lunes 18 de julio se cumplieron 86 años del comienzo de la última guerra civil que enfrentó a los españoles. Una guerra que fue fruto del fracaso de un intento de golpe de estado, uno más de los muchos que encontramos en la historia de España a lo largo del siglo XIX y XX (el golpe de Prim que puso fin a la monarquía de Isabel II, el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto que trajo la monarquía de Alfonso XII, el golpe de Primo de Rivera, la sublevación Jaca de 1930, el golpe de carácter revolucionario de Asturias de 1934 y así un largo etc.).
Los historiadores, como siempre ocurre ante cualquier hecho del pasado, investigan, debaten, escriben sobre los mismos hechos, en muchos casos, desde posiciones y visiones muy distintas. Con el debate histórico progresa la ciencia y el conocimiento del pasado. Los combates de Santiago de Cuba en 1898, el gran debate anglo-español sobre la Armada Invencible o los enfrentamientos entre los historiadores galos sobre figuras como Napoleón o Robespierre son buenos ejemplos de esta permanente lucha entre los estudiosos del pasado por encontrar la verdad.
Hace unos años el historiador norteamericano Stanley G. Payne escribió El camino al 18 de julio: la erosión de la democracia en España. Sobre el contenido de dicho libro el profesor Payne pronunció la siguiente conferencia:
El profesor Payne sostiene y defiende, apoyándose en la historia comparada, la extraordinaria paciencia de las derechas españolas ante el proceso revolucionario que se les venía encima durante la parte final de la II República, a partir de diciembre de 1935. Afirma que si alguien no quiere desatar un proceso contrarrevolucionario la solución es no desatar un proceso revolucionario. Llega a ponderar la paciencia, incluso, del propio Franco, afirmando que en otros muchos países de nuestro entorno no se habría soportado ni la mitad de lo que soportaron en España las derechas en general (ver del minuto 40 en adelante) antes del intento de golpe de estado del 18 de julio.
El profesor Payne pronunció esta conferencia el 15 de marzo de 2016 en el CEU y luego la repitió en el CESEDEN -Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional-, en ambos casos con enorme éxito.
La pregunta que ahora se suscita con la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática es, ¿el profesor Payne podrá expresar en España estas opiniones otra vez y, si lo hiciese, será multado conforme a la nueva ley?
La ley de MD dice en su artículo 38:
«Actos públicos contrarios a la memoria democrática. 1. Sin perjuicio de derecho de reunión pacífica y sin armas, regulado por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, se considerarán actos contrarios a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial. A tal efecto, si en la celebración de un acto público de esa naturaleza se advirtieran hechos que pudieran ser constitutivos de delito, las autoridades competentes pondrán los mismos en conocimiento del Ministerio Fiscal».
¿Afirmar que Franco fue paciente y que su unión a los golpistas es comprensible va contra el artículo 38? En el artículo 61 relativo a las lnfracciones se dice en sus apartados D y E:
Apartado D
«La falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización, en espacios abiertos al público o en locales y establecimientos públicos, de actos de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares por parte del titular o responsable del espacio donde se desarrollen dichos actos».
Apartado E
«Las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen».
La duda que se suscita es, ¿la conferencia y el libro del profesor Payne es susceptible de considerares una infracción grave de la nueva ley de Memoria Democrática? ¿Está la nueva ley por encima de la libertad de cátedra y del ejercicio libre de la profesión de historiador?
En su articulo 62 se habla de 'Sanciones y medidas de restablecimiento de la legalidad'
Sanciones y medidas
«1. Las infracciones previstas en esta ley se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones accesorias no pecuniarias. 2. Las infracciones tipificadas en esta ley se sancionarán con sanciones pecuniarias, que consistirán en multas de cuantías comprendidas entre los siguientes importes en función de la gravedad de la infracción, y respeto al principio de proporcionalidad: a) Para infracciones muy graves: multa entre 10.001 a 150.000 euros. b) Para infracciones graves: multa entre 2.001 a 10.000 euros. c) Para infracciones leves: multa entre 200 y 2.000 euros».
Me temo que la investigación libre, de calidad, científica, en resumen, el debate historiográfico sobre la II República, la Guerra Civil y el Franquismo va a sufrir un frenazo del que, difícilmente, nos vamos a recuperar en mucho tiempo. En la práctica va a terminar por establecerse una Historia Oficial de España, pues el enorme garrote que asoma detrás de la nueva ley va a hacer que, con mucho sentido común, los historiadores disidentes con el nuevo oficialismo no quieran o puedan entrar en ciertos peligrosos temas ante las terribles consecuencias que puede tener sus investigaciones si éstas no coinciden con la Historia Oficial.
¿Puede producirse la detención del profesor Payne si vuelve a España por afirmar lo justificable que fue el alzamiento militar del 18 de julio contra el Frente Popular?
Viñas y su guardia roja historiográfica parece que han vencido. Han logrado matar la libertad de aquellos que se les enfrentaban con los documentos en la mano. Sólo la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, ha expresado su oposición a la nueva ley. ¡Hurra por doña Carmen! Es de esperar que acreditados investigadores como los catedráticos de Historia Contemporánea Juan Pablo Fusi, Enrique Moradiellos, Octavio Ruiz Manjón, Ángel Bahamonde o Luis Enrique Otero Carvajal eleven la voz para defender el derecho de sus colegas historiadores a investigar y escribir sobre la historia de España del siglo XX en total libertad.
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